La reforma Judicial presentada por el Gobierno se presenta mas que nada, como un hecho político, no como una reforma judicial profunda que modifique su funcionamiento estructural como los operadores de justicia y los usuarios de ella, venimos reclamando desde tiempo atrás. Habra qué esperar, las consideraciones y planteos que se desprendan de las Cámaras Legislativas, en coordinación con los análisis que presenten los integrantes del Consejo Consultivo dispuesto por el presidente para tratar los temas que siguen. En especial, lo que hace al tratamiento de ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la división de salas de acuerdo a la especificidad, para que toda cuestión final no recaiga siempre en la decisión de tres personas, sobre todo luego que, en la gestión anterior se permitió que llegasen a la Corte no solo las cuestiones en pugna con la Constitución Nacional, sino todo lo demás. Del mismo modo, habrá que esperar cual es el planteo superador, que surge en torno a la reformulación del Consejo de la Magistratura y en ambos casos, abrir a debate , la cuestión presupuestaria y la atribución de recursos exclusivos en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (18 mil millones de pesos de ahorro contingente en plazo fijo), que no se vuelcan hasta el momento a poner en valor los recursos humanos y materiales dentro del poder judicial; todo lo cual atenta, contra el buen servicio de justicia que los operadores judiciales brindan a los ciudadanos. En igual linea, habrá que esperar, la consideración de un tema no menor, como el ingreso a la justicia desde una mirada de genero en paridad de numero con varones y mujeres y otres y delimitar el perfil de los aspirantes a ingresar a quienes reúnan no solo formación académica adecuada e interdisciplinaria , sino formación democrática compatible con los derechos humanos y con sensibilidad social. En esta primera etapa, la Reforma no se presenta como una reforma profunda del sistema judicial argentino, sino que se delinea de modo parcial y limitada, solo a intentar modificar los condicionamientos políticos económicos (Lawfare) que en la práctica hemos visto padecer al Fuero federal, en especial penal de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Pi). La reforma presentada se vislumbra como un reacomodamiento de la organización judicial del fuero federal , en el sentido que ; -se designan nuevos cargos a cubrir para ampliar el número de 12 Juzgados a 24 Juzgados Federales Penales que se verán integrados por la materia de Penal Económico y dos secretarias por cada uno . Con esto, existiría la posibilidad de eludir la famosa delegación de funciones que hoy se da. -Se invita a los jueces ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires a subrogar los puestos a cubrir en esta reforma, hasta tanto se hagan los concursos para abrir los cargos a esas magistraturas. Entendidos en el tema , plantean que esto de da así, con la intención de traer nuevos aires para sentar arriba de causas federales , desde que los integrantes de la justicia ordinaria, por lo general han sido siempre mas previsibles, mas de avanzada en sus jurisprudencias y mas respetuosos del código procesal. Esto tiene sentido, en cuanto se plantea la futura desintegración de los juzgados ordinarios nacionales actuales cuando se efectivice el pretendido traspaso de la competencia judicial plena a la Ciudad de Buenos Aires, debiendo quedar , en ese momento, una competencia judicial exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires- como sucede en el resto de las provincias- y otra según , la materia , del orden federal- con estos nuevos jueces que amplia el proyecto de reforma-. Actualmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires , tenemos coexistiendo, tres competencias jurisdiccionales distintas; juzgados , cámaras y tribunales y de ejecución ordinarios Nacionales( tratan homicidios, algunas estafas, delitos derivados de accidentes de transito por ej.), juzgados, cámaras y tribunales y de ejecución Federales ( para delitos de contrabando, corrupción, drogas, patentes y marcas y de lesa humanidad) y juzgados ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires (delitos no tan graves, contravenciones, de faltas y penales y cuestiones de vecindad). El problema que deviene con la efectivización del traspaso de competencia judicial a la Ciudad, esta dado, por el hecho que la Ciudad no tiene unidades penales, con lo cual habrá que pensar no solo en los recursos económicos que implica sino en toda la logística de alquilar penales donde poner a toda la gente que pase a su órbita. -En lo que hace a la designación de cargos; se plantea la apertura a concurso en forma oral de mas de 100 cargos en todo el ámbito de la justicia federal en todo el país. Ello implica, que el Consejo de la Magistratura, materialmente, no va a poder tardar menos de 2 años en hacer esos concursos -Es este proyecto de reforma la modificación que estábamos todos de la justicia? No.Por la razón , que no se ha hecho sobre la base del conocimiento acabado de la capacidad de trabajo de los juzgados y sus necesidades; sobre todo, se duda si se considera lo que puede modificar incorporar a los juzgados penales federales, el fuero penal económico; que, no existe en el resto del país. Es allí donde se avisora una dificultad técnica importante. De tal modo, habrá que profundizar , en como piensa el reformador este punto, de manera de poder considerar e integrar equitativamente al personal de los juzgados ordinarios de capital federal con la planta de empleados de los juzgados federales que cuadruplican en numero a los primeros. - El punto central de la reforma a considerar, se centra en que la reforma no trae consigo la inmediata implementación en todo el país del ansiado sistema acusatorio de procesamiento penal previsto en la Ley 27483/19, que en la actualidad solo se encuentra vigente en Salta y Jujuy De esta forma, se presenta un panorama judicial que continuara tramitando causas con el modelo inquisitivo o inquisitivo mixto de enjuiciamiento o Código Levenne - abandonado ya por casi todas las legislaciones modernas- por un periodo mínimo de 2 años , hasta tanto, todo el plan de reforma pueda poderse en marcha. La reforma del Poder Judicial es una vieja deuda de la democracia. Hace muchos años que se ha abierto este debate.Mucho se habla de la necesidad de Democratizar la Justicia o los servicios de justicia, ello es, lograr un servicio efectivo de justicia, que de solución justa y efectiva a los derechos de los ciudadanos en tiempo y en reconocimiento de derechos.Ello es lo que se llama ACCESO A LA JUSTICIA. Este concepto de acceso a la justicia tiene varias dimensiones y no se agota con la asistencia gratuita a los usuarios, ni con la descentralización, ni con dispositivos comunitarios, que si bien son necesarios, lo fundamental esta dado , por que sea el Estado quien remueva las barreras políticas tanto en su composición como en su funcionamiento, que imposibilitan ese acceso a la justicia. En ese sentido, los viejos vicios de un sistema judicial en especial el fuero federal penal y el contencioso administrativo han sido gravemente cuestionados por el imaginario popular de corruptos y de ser sensibles a los condicionamientos de los poderes políticos y/o económicos de turno. Es cierto que el nombre de una calle como Comodoro Pi se constituyo en sinónimo de corrupción o de lo que anda mal. Es un hecho que más del 70% de la ciudadania no cree en la justicia y mas del 80% esta disconforme con su funcionamiento. Este descontento social en torno a la imposibilidad del acceso a la justicia en igualdad de condiciones que viene desde hace décadas, se magnificó cuando en los últimos cuatro años, hemos sido testigos de la exaltación del punitivismo penal con el uso de prisiones preventivas, la utilización indiscriminada del concepto de “guerra contra el narcotrafico”, se facultó la ampliación de poderes policiales en delitos en flagrancia y se terminó con el sistema progresivo y de tratamiento de la ejecución penal hacinando personas en las cárceles e infringiendo toda normativa de respeto a los derechos humanos y tratados internacionales. Lo positivo de este primer paso que se abre con el proyecto de reforma seguramente será, que luego de sorteadas las resistencias opositoras, se logre avanzar en posteriores reformas en las que se debe abrir el debate incluyendo a todas las organizaciones que contribuyen a la democratización de la justicia, como los representantes gremiales de los operadores de justicia, usuarios del servicio y organizaciones sociales y de derechos humanos.

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